Concejales del Frente de Todos-PJ, Sol Calle, advirtieron que la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva presentada por el Departamento Ejecutivo “pretende cobrarle a los vecinos por defender sus derechos”.

 

Concejales del bloque Frente de Todos-PJ avanzan con el análisis del proyecto de la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, “que representa un fuerte aumento en las tasas municipales en tiempos de crisis donde muchos vecinos se verán afectados”, sostuvieron.

Al respecto, la Presidenta del bloque, Sol Calle, aseguró que “la aprobación de los aumentos será un trámite, ya que el oficialismo tiene la mayoría en el Concejo. Con los 11 votos de los Concejales de Cambiemos y los mayores contribuyentes que los acompañen, iniciar un reclamo en Defensa del Consumidor costará $1000. Consideramos que arancelar la defensa de los derechos del consumidor se contradice con los principios básicos de la ley que regula la materia, a la vez que evidencia la intención del Intendente Abella de arancelar toda actividad estatal”.

Para Calle, “el Intendente debe comprender que las vecinas y los vecinos deben ser protegidos por el Estado como ciudadanos, y no considerados clientes que deben pagar por los servicios estatales. Por ello el Municipio tiene la obligación de asistir y brindar respuestas a todos por igual, ya que sino únicamente tendrían acceso a la defensa de sus derechos quienes puedan pagar el trámite”.

En la actualidad, el Municipio es responsable del procedimiento administrativo de defensa del consumidor, a través de la OMIC. En dicha dependencia, ante un reclamo de un consumidor o usuario, se inicia un proceso conciliatorio para arribar a un acuerdo de partes que solucione el conflicto.

Por su parte, la Concejal Romina Carrizo aseguró que “de esta forma, muchísimos reclamos cotidianos contra empresas de telefonía o internet, prepagas de salud, garantías de bienes muebles, etc, encuentran soluciones en procesos breves”.

“La gratuidad de este procedimiento es fundamental para garantizar el ejercicio del derecho y la igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Lamentablemente, lo único que queda en evidencia que con este proyecto, el Intendente Abella pretende cobrarle a los vecinos por defender sus derechos” concluyó Carrizo.