Los intendentes peronistas del Conurbano tienen algo claro: la pandemia -tal como la conocemos- dejó de ser la principal preocupación en el territorio. La convivencia con el virus (la nueva normalidad) dio paso a la necesidad de encontrar los resortes que amortiguen la crisis. El AMBA tiene un índice de casos estabilizado, y la oleada de contagios se trasladó al interior de la provincia (y del país). Por eso el bloque de municipios del Gran Buenos Aires busca presentarle a Alberto Fernández y Axel Kicillof una agenda común para recuperar la actividad.
La primera reunión para unificar propuestas se hizo la semana pasada en Berazategui, adonde asistieron unos 30 intendentes de todos los colores del peronismo (PJ, kirchnerismo, La Cámpora, albertismo). La próxima será en 15 días. Con la estabilización de los casos y la negociación encaminada en la toma de Guernica, los jefes del territorio más difícil del país armaron una hoja de ruta para fin de año con tres puntos principales:
Diciembre: Es la señal de alarma de cada año, herencia directa del 2001. Aunque vienen haciendo un llamado de atención para evitar sorpresas en un momento crítico y sensible, muchos intendentes están confiados en que las bases no desbordarán. “La pandemia logró una atención fluida y rápida hacia abajo”, aseguraron desde una de las ciudades populosas del Conurbano.
Los jefes territoriales cuentan con que las franjas más vulnerables de la población tienen garantizada la cobertura de alimentos a través de la asistencia directa y otras medidas como la Tarjeta Alimentar y subsidios. Lo explican con honestidad brutal: “El sector que puede explotar está atendido en sus necesidades básicas, incluso más eficientemente que en años anteriores, y eso lo motivó la pandemia”.
Reconocen, en cambio, la falta de trabajo real, y para eso le piden al Estado nacional medidas para “revertir” la crisis, a la que justifican como un producto de la pandemia y de la economía heredada.
Inseguridad: Es el punto más álgido del diálogo entre los municipios y los poderes centrales. Del megaplan de seguridad que anunciaron Fernández y Kicillof en septiembre pasado llegó hasta ahora -levantamiento policial mediante- poco y nada, mientras los barrios siguen conviviendo con el delito (que se agudizó a su vez por la crisis).
“Queremos que avance lo más rápido posible, porque el reclamo principal es la seguridad, y ya pasaron casi dos meses -se sinceran en uno de los municipios de la Tercera Sección- Hace falta más rosca para eso y acciones rápidas”.
El plan oficial prevé la incorporación de 10.000 nuevos policías y 2.200 nuevos móviles, además de la transferencia a la Provincia de 10.000 millones de pesos para reforzar a las fuerzas. Los efectivos serán distribuidos según la cantidad de habitantes de cada territorio, pero algunos intendentes de las ciudades más populosas están disconformes porque dicen que no les asignaron lo que les corresponde. Por ahora es un conflicto velado. Podría escalar.
IFE: Los intendentes quieren que se estire hasta fin de año y que, incluso, se refuerce. Un reclamo que toma forma en momentos en que en el Gobierno empiezan a discutir cómo reconvertir o integrar ese programa en otro formato.
También tienen críticas hacia el modo en que se comunica esa asistencia. “El Estado está poniendo mucho, tanto con el IFE como con los ATP, y sentimos que la sociedad no reconoce o no le da el valor que merecen en el sostenimiento de la economía”, advierten con el ejemplo a mano de que, en muchos casos, estos aportes superan los de los presupuestos municipales.
¿Cómo es la relación con los pares de Cambiemos?
Con intereses comunes en muchos casos, lo que a comienzos de la pandemia fue una relación de colaboración sin distinciones mutó con el tiempo en una disputa electoral anticipada. Hoy las manos entre los intendentes del PJ y los de Cambiemos ya no están tendidas, y en el peronismo culpan a la dinámica omnívora de la grieta.
Podrían quedar para el recuerdo, entonces, las fotos transversales de intendentes como Juan Zabaleta (Hurlingham) y Lucas Ghi (Morón), del Frente de Todos, junto al macrista Diego Valenzuela en ocasión de algún anuncio para la zona común del oeste; o Zabaleta en el despacho de Alberto chocando codos con Jorge Macri, su colega de Vicente López y aspirante a gobernador por Cambiemos.
La justificación de esa ruptura en el kirchnerismo es que a los intendentes de Juntos por el Cambio “los empezaron a correr los del ala dura, que no tienen que gestionar”. Un dilema que en la oposición todavía está sin resolverse
¿Vuelve la reelección indefinida?
Mientras discurren estos avatares, algunos intendentes -y sus escuderos- están moviendo por abajo un tema inquietante: la eliminación de la prohibición de la reelección indefinida, una ley que la entonces gobernadora Maria Eugenia Vidal había hecho sancionar en 2016 con apoyo del bloque de Sergio Massa. Esa normativa, que dispuso la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades, establecía su vigencia a partir de 2015, esto es: los intendentes que fueron reelectos en 2019 no pueden aspirar a un tercer período en 2023.
Quizás fue un intento demasiado institucionalista para una cultura que se rige por el personalismo. Como fuera, el ex intendente de Florencio Varela Julio Pereyra, hoy diputado bonaerense multipropósito, inició la semana pasada una ronda de consultas con todos los actores de la política para avanzar en una modificación de la ley de municipalidades. ¿Incluirán esos eventuales cambios la caída del límite a las reelecciones? En la pregunta parece estar la respuesta.
Fuente: A24
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